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Túnez


-  Población: 9.728.000

-  Internautas: 572.000 (2003)
-  Precio medio para 20 horas de conexión: 7 euros
-  DAI*: 0,41
-  Apreciación**: situación grave


El presidente Ben Alí multiplica la declaraciones sobre su voluntad de desarrollar Internet en Túnez, al tiempo que reprime con puño de hierro la libertad de expresión. El poder censura la Red y la utiliza como un pretexto para condenas arbitrarias. En abril de 2003, nueve jóvenes internautas fueron condenados a penas que llegan hasta 26 años de cárcel, simplemente por haberse bajado algunos documentos, que las autoridades consideran peligrosos.

Se han realizado algunos esfuerzos en el desarrollo de la Red, especialmente mediante la reducción de los costes de conexión, que ahora son solamente de 10 dinares (7 euros) para 20 horas de conexión. También, como globalmente la infraestructura telefónica es de buena calidad, las autoridades han animado la expansión de los proveedores de acceso. Existen seis públicos y seis privados. El gobierno ha creado también cerca de 300 publinets (cibercafés públicos) en el conjunto del territorio. Finalmente afirma que el "100% de las universidades y establecimientos escolares secundarios están conectados al Net". Una cifra que conviene relativizar: en la Facultad de Derecho de Túnez existirían quince ordenadores para 17.000 estudiantes. Con al menos el 6% de la población accediendo a Internet, Túnez está aun muy lejos de los estándares norteamericanos, asiáticos o europeos.

Loas de la comunidad internacional

Zine el-Abidine Ben Alí, felicitado por la poderosa ICANN -organización mundial de regulación de la Red-, por su actuación en favor de una democratización de la Red, quiere ser un modelo en materia de nuevas tecnologías, para los países en desarrollo. Por otra parte, la comunidad internacional parece haberle reconocido ese estatus a Túnez. En efecto, en 2005 será el organizador de la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (SMSI), un gran acontecimiento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el que los Estados deben ponerse de acuerdo sobre el futuro de la Red. Una elección que ha sido extremadamente criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a la vista de la represión ejercida sobre Internet en el país.

Una censura camuflada pero eficaz

Como en Túnez no existe libertad de prensa los internautas han invadido masivamente la Red, para buscar en ella un espacio de discusión y una fuente independiente de información. Pero su búsqueda choca con la potencia del aparato policial, y con la determinación del presidente Ben Alí, de amordazar el Net. Los únicos proveedores de acceso autorizados a servir al público en general pertenecen a personas cercanas al Presidente, y entre ellas a su propia hija. La Agencia Tunecina de Internet (ATI), que depende directamente del Ministerio de Telecomunicaciones, gestiona la Red a nivel nacional. Vigila para que el mercado esté rigurosamente enmarcado y controlado por las autoridades: para ejercer, los proveedores de acceso tienen que firmar un contrato en el que se comprometen a que el uso de Internet se limite "a fines científicos, tecnológicos y comerciales, estrictamente relacionados con las actividades de los clientes".

En Túnez, frecuentemente se bloquean algunos sitios informativos tunecinos (Kalima, TUNeZINE), y también los de organizaciones no gubernamentales o de medios de comunicación extranjeros, que difunden informaciones críticas con el gobierno. Las mensajerías anónimas, tipo Hotmail, resultan a menudo inaccesibles, tanto en los publinets como en las conexiones privadas. Unos problemas que se estarían intencionadamente generados para incitar a los internautas a utilizar las cuentas de correo más fácilmente controlables por la ciberpolicía. Sin embargo, la mayor parte del tiempo es posible acceder a los sitios de organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como leer la prensa extranjera, en los sitios de Le Monde o de la BBC.

Los publinets

Los cibercafés del Estado son los únicos puntos de acceso públicos a Internet. Están estrechamente vigilados, entre otros por sus gerentes, que controlan los sitios visitados por los clientes. Por otra parte, con frecuencia cerca de los ordenadores se encuentran escritas frases del tipo: "Está estrictamente vedado ir a sitios prohibidos". Una frase suficientemente ambigua como para disuadir a los internautas de consultar sitios políticos.

Como indica un documento publicado, en mayo de 2004, por la Liga Tunecina para la defensa de los Derechos Humanos (LTDH), los publinets están sometidos a un control regular del Ministerio de Telecomunicaciones. También dependen del Ministerio del Interior, situándose así bajo la férula de la policía política. Parece que está disminuyendo el número de publinets; en la actualidad serían 260. Las autoridades intentan favorecer el desarrollo de las conexiones privadas, porque los internautas resultan más fáciles de identificar y vigilar a partir de conexiones personales.

Son muchos los testimonios que prueban que esos cibercafés también están vigilados por la maquinaria policial de Zine el-Abidine Ben Alí. Frecuentemente, algunos policías vestidos de civil acuden a llevarse los historiales de las navegaciones efectuadas desde las máquinas. Además, los ordenadores de los publinets estarían equipados con chivatos, que permitirían un enlace con la ATI.

La ciberpolicía tunecina

En 2002 se reforzó aun más el control de los medios de comunicación, y entre ellos de Internet. Se creó una auténtica policía del ciberespacio. Sus actividades: dar caza a los sitios "subversivos" para bloquear el acceso; interceptar las peticiones a los sitios o los correos de contenido "político o crítico"; buscar el máximo de direcciones de proxies, esos servidores de presa que permiten a los internautas acceder a sitios prohibidos, evitando los sistemas de bloqueo; rastrear y detener a los internautas demasiado activos, los ciberdisidentes. La THDH afirma que las autoridades atacan frecuentemente las mensajerías electrónicas de algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos -entre ella, la LTDH-, con ayuda de virus informáticos.

El 10 de diciembre de 2003, el poder hizo aprobar una Ley antiterrorista que se aplica a la utilización de Internet. Entre otras cosas ha creado procedimientos expeditivos, para juzgar a los presuntos terroristas. Establece que están sometidos al régimen de infracción terrorista "los actos de incitación al odio o al fanatismo racial o religioso, cualesquiera que sean los medios utilizados"; Internet sería una de esos medios. Según esa ley, bastaría acusar al responsable de una publicación de estar relacionado con una organización terrorista, para que se le aplicaran estos procedimientos judiciales expeditivos, y pudieran caerle sanciones extremadamente graves. En un contexto de lucha contra el islamismo esta Ley podría utilizarse, entre otras cosas, contra los responsables de sitios más o menos cercanos a esa corriente política y religiosa. También hay que estar muy atentos a las medidas que se refieren al blanqueo de dinero, porque podrían desviarse para condenar a publicaciones digitales que hubieran recibido dinero de organizaciones extranjeras, consideradas ilícitas por las autoridades.

Graves penas de cárcel para nueve jóvenes internautas

La tercera sala de lo criminal del Tribunal de Túnez condenó, el 6 de abril de 2004, a Hamza Mahrouk (21 años), Amor Farouk Chlendi (21 años), Amor Rached (21 años), Abdel-Ghaffar Guiza (21 años), Aymen Mecharek (22 años) y Ridha Hadj Brahim (38 años), a 19 años y tres meses de cárcel. Estos seis internautas fueron detenidos en febrero de 2003. También se dictó la misma pena para Ayoub Sfaxi, residente en el extranjero. Tahar Gemir (19 años), igualmente residente en el extranjero y al que la acusación considera el jefe del grupo, fue condenado a 26 años de cárcel.

Les condenaron por "formación de banda terrorista para aterrorizar a la gente", "agresión contra individuos con intención de aterrorizar", "preparación de materia explosiva y posesión de productos destinados a la fabricación de artefactos explosivos, sin autorización", en aplicación del código penal , y no de la Ley antiterrorista de diciembre de 2003, promulgada después de su arresto.

Según las informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, la acusación no presentó ninguna prueba seria contra los ocho acusados. Solo se adjuntaron a las diligencias unos pocos documentos descargados de Internet, como algunas informaciones sobre el fusil Kalachnikov o la fabricación de una bomba. En las detenciones, la policía solo se incautó de un tubo de cola y algunos CD-Rom, únicas pruebas utilizadas para la acusación de "fabricación de explosivos".

Según Najib Hozni, uno de los abogados de la defensa, el procedimiento judicial estuvo plagado de irregularidades. Por ejemplo, como les detuvieron en Zarzis tenían que juzgarles en esa ciudad, y no en Túnez. Por otra parte, el abogado afirmó que a sus clientes les habían torturado. Pero la justicia se negó a cualquier reconocimiento médico, tras la querella planteada por cinco de los inculpados.

Según fuentes coincidentes, los jóvenes de Zarzis únicamente habrían utilizado la Web para descargar algunos documentos relacionados con la crisis en Oriente Próximo. Igualmente habrían discutido con uno de sus profesores, Ridha Hadj Brahim, sobre la manera de actuar para apoyar la causa palestina.

Al noveno internauta de Zarzis, Abderrazak Bourguiba, de 18 años, la sala de lo criminal para menores del Tribunal de primera instancia de Túnez le condenó pocos días más tarde, el 16 de abril de 2004, a 25 meses de cárcel. En esa ocasión, las autoridades tunecinas declararon que el grupo "intentaba establecer contactos con el movimiento terrorista Al-Qaeda, para un apoyo logístico", proyectaba un atentado con lanza-cohetes contra la guardia marítima del puerto de Zarzis, y se preparaba para atacar un liceo.

La defensa abandonó la sala del juicio el 16 de abril, para protestar por "la falta de pruebas de cargo" y la negativa a realizar un reconocimiento médico, sobre el estado de salud de su cliente. En efecto, Abderrazak Bourguiba se presentó ante el tribunal con un tímpano perforado y síntomas de parálisis facial, como consecuencias de las torturas sufridas en la cárcel.

Liberado el ciberdisidente Zouhair Yahyaoui

Zouhair Yahyaoui, fundador del sitio TUNeZINE, consiguió la libertad condicional el 18 de noviembre de 2003. Le habían detenido en Túnez, el 4 de junio de 2002, en un publinet. Escribía con el seudónimo "Ettounsi" -"el tunecino" en árabe- y difundía informaciones sobre la lucha en favor de la democracia y las libertades en Túnez. Igualmente, publicaba en línea algunos documentos de la oposición. Había escrito muchas crónicas y panfletos, y fue el primero en difundir la carta denunciando el sistema judicial del país, dirigida al Presidente de la República por el juez Mokhtar Yahyaoui, que es su tío.

Las autoridades censuraron TUNeZINE desde el momento de su creación. Pero los fans del periódico digital recibían semanalmente una lista de direcciones de proxies, servidores de presa que permiten acceder al periódico a pesar del bloqueo. El 10 de julio de 2002 fue condenado, en apelación, a un año de cárcel por "propagación de noticias falsas con el objetivo de hacer creer en un atentado contra personas o bienes" (artículo 306 ter del código penal), y a un año y cuatro meses por "robo para utilización fraudulenta de medios de comunicación"; a saber, la conexión a Internet a expensas del gerente del cibercafé en el que estaba empleado (artículo 84 del código de comunicaciones). Encarcelado en condiciones muy difíciles, el ciberdisidente llevó a cabo dos huelgas de hambre durante el primer semestre de 2003, para pedir su libertad.

El 19 de junio recibió el primer Premio Ciberlibertad de Reporteros sin Fronteras. El ciberdisidente, que hoy vive en Túnez, indicó a la organización que las autoridades estaban empeñadas en impedirle cualquier perspectiva profesional.

Sitios de utilidad

-  La revista informativa digital Kalima
www.kalimatunisie.com

-  El sitio TUNeZINE
www.tunezine.com

-  El sitio Maghreb de Derechos Humanos
www.mahgreb-ddh.org

-  El sitio dedicado a los derechos humanos en Túnez
www.reveiltunisien.org

* El DAI (Digital Access Index) es un índice creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para medir la capacidad de los individuos de un país dado para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Las notas van de 0 (incapacidad total) a 1 (acceso perfecto)

** Las apreciaciones (situación buena, media, difícil, grave) se han establecido a partir de siete criterios: ciberdisidentes o periodistas digitales muertos, encarcelados, acosados, censura de sitios informativos, existencia de sitios informativos independientes, existencia de proveedores de acceso independientes, coste abusivo de la conexión.




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